La incursión en la pista del aeropuerto realizada por camionetas del Municipio de Guayaquil para impedir para que dos aviones de Iberia y KLM aterricen podría acarrear consecuencias para la terminal local.
El bloqueo de la pista ocurrió la tarde del miércoles 18 de marzo, una hora antes de que en la provincia en la que está el aeropuerto entre a un toque de queda como medida preventiva por el coronavirus.
Cynthia Viteri, la alcaldesa de la ciudad, ordenó el ingreso de las camionetas para impedir que los dos aviones de líneas europeas entren a recoger pasajeros.
Asumió la responsabilidad y justificó su decisión bajo la premisa de que una tripulación de 11 personas iba a pernoctar en Guayaquil. Además señaló que unos 200 europeos habían sido traídos a la ciudad para tomar esos vuelos, generando un riesgo.
El gobierno ecuatoriano había autorizado el ingreso de esos aviones, sin pasajeros, para que pudieran recoger viajeros varados en Ecuador.
Juan Carlos Villagómez, director del portal Aviación Guayaquil, posteó horas después de lo ocurrido que la incursión en la pista podría repercutir no solo a nivel nacional, si no internacional.
"Eso seguro llamará la atención de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pomiendo en riesgo futuras certificaciones, nuevas aerolíneas y bajarnos de categoría", explicó.
La interferencia en las operaciones aéreas supone riesgos y por ello los organismos establecen severas sanciones ante este tipo de actos.
Cuando se emite un certificado de aeródromo, la AAC puede cancelar ese certificado cuando vea cualquier cambio que altere las condiciones de ese certificado y ponga en riesgo la seguridad operacional.
Villagómez anota que que suspensión del certificado solo podría ser levantada cuando la seguridad sea garantizada por el operador.
Por otro lado, las aerolíneas podrían cesar sus opoeraciones en Guayaquil si determinan que hubo una grave incursión en el aeródromo que puso en riesgo la operación.
Ya Guayaquil tuvo que someterse a algunos cambios en sus seguridad hace poco tiempo, luego de que dos polizones murieron al caer del tren de aterrizaje de un avión cuando despegaba a Nueva York.
La Fiscalía abrió una investigación por lo ocurrido. La fiscal provincial Yanina Villagómez indicó que las investigaciones iniciadas se basan en lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), convenios internacionales y normas del Derecho Internacional Humanitario.
Este artículo se refiere a la obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias: “La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de socorro a la población civil, la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que pueden y deben realizarse de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.
El bloqueo de la pista ocurrió la tarde del miércoles 18 de marzo, una hora antes de que en la provincia en la que está el aeropuerto entre a un toque de queda como medida preventiva por el coronavirus.
Cynthia Viteri, la alcaldesa de la ciudad, ordenó el ingreso de las camionetas para impedir que los dos aviones de líneas europeas entren a recoger pasajeros.
Asumió la responsabilidad y justificó su decisión bajo la premisa de que una tripulación de 11 personas iba a pernoctar en Guayaquil. Además señaló que unos 200 europeos habían sido traídos a la ciudad para tomar esos vuelos, generando un riesgo.
El gobierno ecuatoriano había autorizado el ingreso de esos aviones, sin pasajeros, para que pudieran recoger viajeros varados en Ecuador.
Juan Carlos Villagómez, director del portal Aviación Guayaquil, posteó horas después de lo ocurrido que la incursión en la pista podría repercutir no solo a nivel nacional, si no internacional.
"Eso seguro llamará la atención de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pomiendo en riesgo futuras certificaciones, nuevas aerolíneas y bajarnos de categoría", explicó.
La interferencia en las operaciones aéreas supone riesgos y por ello los organismos establecen severas sanciones ante este tipo de actos.
Cuando se emite un certificado de aeródromo, la AAC puede cancelar ese certificado cuando vea cualquier cambio que altere las condiciones de ese certificado y ponga en riesgo la seguridad operacional.
Villagómez anota que que suspensión del certificado solo podría ser levantada cuando la seguridad sea garantizada por el operador.
Por otro lado, las aerolíneas podrían cesar sus opoeraciones en Guayaquil si determinan que hubo una grave incursión en el aeródromo que puso en riesgo la operación.
Ya Guayaquil tuvo que someterse a algunos cambios en sus seguridad hace poco tiempo, luego de que dos polizones murieron al caer del tren de aterrizaje de un avión cuando despegaba a Nueva York.
La Fiscalía abrió una investigación por lo ocurrido. La fiscal provincial Yanina Villagómez indicó que las investigaciones iniciadas se basan en lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), convenios internacionales y normas del Derecho Internacional Humanitario.
Este artículo se refiere a la obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias: “La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de socorro a la población civil, la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que pueden y deben realizarse de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.
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